Si bien la fiscalía solicitó la prisión preventiva de siete de los imputados, el juzgado de garantía sólo fijó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para los funcionarios públicos y arraigo nacional para todos los privados.

Por el delito de fraude al Fisco fueron formalizados por la Fiscalía de Iquique el ex intendente Miguel Ángel Quezada, otros dos ex funcionarios públicos y cinco privados en el marco de la investigación por las irregularidades detectadas en la adquisición de cajas de alimentos por parte de la Intendencia Regional de Tarapacá, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19 del año 2020.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la fiscalía de Iquique, Juan Zepeda explicó en la formalización que el ex intendente Miguel Ángel Quezada Torres, quien era su jefa de gabinete Lilian Plaza Bravo y el ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional Johnny Muñoz Cancino, coordinados con los imputados privados Lorena Barrientos Ramírez, Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Ciudad Varela (de Ciudad Eventos), Jorge Venegas López (de V y L Deportes Ltda.), Dimitri Díaz Neira y Ricardo Percic Becerra (de DID Sonido y compañía SPA.), infringieron el deber de resguardar del patrimonio fiscal al adjudicar la adquisición y distribución de cajas de alimentos por tratos directos o por transferencia de fondos a empresas que no se dedicaban al rubro respectivo o no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, pagando sin justificación alguna un precio mayor al promedio nacional, a pesar de haber existido mejores ofertas en el mercado regional.

De acuerdo a todos los antecedentes recogidos en la investigación, el fiscal detalló que por las más de 45 mil cajas de alimentos que se adquirieron, tanto en el trato directo como en los convenios de transferencia de recursos con la Asociación Cristiana de Jóvenes Iquique y la Asociación de Municipalidades Rurales de Tarapacá y Arica y Parinacota, se pagó aproximadamente un sobreprecio de 10 mil pesos por cada caja, generando un perjuicio fiscal total de a lo menos $468 millones.

En la audiencia el fiscal realizó un acabado detalle de todos los antecedente recopilados en la investigación realizada junto a la Policía de Investigaciones, los que dieron cuenta que todos las acciones realizadas desde la Intendencia fueron dirigidas para beneficiar a los proveedores que finalmente fueron adjudicados, y que en estos hechos tenían pleno conocimiento los funcionarios públicos imputados.

Detalló además los informes de la Contraloría General de la República y de la PDI que establecieron un valor de sobreprecio similar en las cajas de alimentos.

Dada la gravedad del delito, el fiscal Zepeda junto a los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, David Alvarez, y por la querella particular, Enzo Morales, solicitaron la prisión preventiva de todos los imputados, salvo de Johnny Muñoz, a quien se le pidió el arresto domiciliario nocturno.

Finalmente, el magistrado Frederick Roco dio por acreditado el delito y la participación de los imputados, aunque en el caso de los particulares sólo como cómplices, y resolvió no otorgar la prisión preventiva sino sólo el arraigo nacional para todos y el arresto domiciliario nocturno para los tres ex funcionarios públicos. Se fijó un plazo de investigación de doce meses.