El Gobierno dio a conocer la Agenda de Probidad y Modernización del Estado, que perfecciona la ejecución de los recursos mejorando el control y fiscalización del gasto reduciendo los espacios para el mal uso de los fondos públicos. Como parte de esta Agenda, el Ministerio de Hacienda en conjunto con la Dirección de Presupuestos envió un instructivo a todos los servicios del sector público para asegurar que los recursos que se transfieren a instituciones privadas sin fines de lucro sean destinados a los objetivos que se definen para ello estableciendo nuevos requisitos para disponer de las transferencias.

El instructivo sostiene que la entidad privada que suscribe el convenio con el Estado debe acreditar antigüedad y experiencia en la función comprometida. “Actualmente hay muchas glosas del Presupuesto que contienen exigencias en esta materia. En esta ocasión se trata de generalizar ese requerimiento y asegurar que estos antecedentes se acrediten oportunamente. Lo mismo en cuanto a acreditar el objeto social de la institución y que esté alineado con el propósito del convenio y de la transferencia que se administra”, señaló el ministro Marcel.

Por su parte, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, recalcó que “este instructivo será complementado por las mejoras que incluirá el proyecto de ley de Presupuestos 2024, y por las recomendaciones que presente la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado a fines de agosto”.

El Ministro de Hacienda, también anunció el envío de un proyecto de ley sobre Beneficiarios Finales de los recursos del sector público y del sistema tributario. Esta iniciativa exigirá que todo contribuyente que reciba recursos públicos entregue información sobre las personas naturales que son propietarias de esas instituciones y los beneficiarios finales de los recursos.

“Es decir, en los casos de empresas que tienen como socios a sociedades que a su vez pueden tener otras sociedades como accionistas, tiene que revelarse toda esa cadena de tal manera de entender claramente quiénes son las personas naturales que están detrás de la gestión y la recepción de los recursos que se originan en la actividad comercial y en la prestación de servicios y en la suscripción de convenios con el Estado”, explicó el ministro.

Por regla general, se entiende que una persona es beneficiaria final cuando posee directa o indirectamente el 10% o más de participación en una sociedad o cuenta con poder para nombrar a la mayoría de los directores o administradores de la sociedad o cuando puede ejercer el poder de veto sobre las decisiones de la administración. En el caso particular de las entidades sin fines de lucro, se considera que la calidad de persona beneficiaria final es aquella que ostenta el cargo de director, representante legal y/o administrador de la entidad.

Mirada regional

Respecto a lo anterior, el Seremi de Gobierno, Nicolás González Gutiérrez, enfatizó en que la Agenda de Probidad y Modernización del Estado, “es una clara señal de que nuestro trabajo se basa en la transparencia e integridad de los procesos. La corrupción es un enemigo común que se combate con acciones concretas. Este Gobierno ha tomado y seguirá tomando medidas. Como Gobierno, partimos de la base de que esos elementos son prioritarios para avanzar por entregar responsabilidad fiscal, seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Existen brechas históricas en nuestra institucionalidad que han propiciado irregularidades y delitos en el Estado, que se han originado en distintos gobiernos y que hoy necesitamos reparar”.

En cuanto al instructivo, el personero de gobierno señaló que este documento se confeccionó de acuerdo a lo que se logró determinar conforme a los últimos sucesos conocidos públicamente, y tal como dijo el ministro Marcel, “este documento reitera normas existentes y las complementa incorporando factores de riesgo que se han identificado y que todas sus medidas son aplicables tanto para el Gobierno Central como para los Gobiernos Regionales”.

“Nuestro compromiso como Gobierno es mejorar la calidad de la política, de la democracia y del ejercicio de la actividad pública, por lo que nuestro norte seguirá siendo ese, avanzar en mejorar la institucionalidad, la democracia, y la seguridad”, finalizó el vocero regional de gobierno.