Por los delitos de cohecho y soborno reiterados fueron formalizados dos mecánicos y un particular que, de acuerdo a una investigación realizada por la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía junto a la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros, habían cobrado coimas para aprobar la revisión de numerosos vehículos en la planta de revisión técnica de Bajo Molle en Iquique.

El fiscal a cargo del caso Juan Zepeda explicó en la audiencia que la investigación se inició en abril del año pasado con la denuncia recibida por parte de Radio Paulina, luego de que recibieran una serie de denuncias públicas que daban cuenta de irregularidades ocurridas en la planta de revisión técnica de vehículos motorizados M & M, operada por la empresa Servicios y Construcciones Ltda. ubicada en el sector de Bajo Molle. Específicamente, los auditores denunciaban reiteradas solicitudes de pago de “coimas” por parte de los funcionarios a cargo de la revisión de los vehículos durante el proceso de autorización de la revisión técnica, con la finalidad de aprobar los vehículos sin cumplir con los requisitos legales.

Luego de una investigación de largo aliento coordinada con SEBV de Carabineros se pudo establecer que desde el año 2017 el imputado L.Ch.B., de común acuerdo con varios mecánicos que trabajaban en dicha planta de revisión técnica -entre ellos los imputados F.B.C. y L.R.C.-, era contactado telefónicamente por distintas personas para que, a cambio de un pago de $20.000, les asegurara la aprobación de la revisión técnica de sus vehículos, recibiendo vía whatsapp las características, placas patentes e imágenes de los automóviles, las que luego enviaba a los mecánicos de la planta.

Por su parte, los imputados F.B.C. y L.R.C. ejercían la función pública consistente en verificar el estado mecánico de vehículos motorizados de diverso tipo, para luego de un proceso completo de examinación, emitir los Certificados de Revisión Técnica respectivos, siempre que estuvieran en condiciones aptas para circular en las calles del país. “Es así que los imputados, con infracción de sus deberes funcionarios, solicitaron y aceptaron recibir diversas sumas de dinero para omitir el examen efectivo de los vehículos, como también para incorporar información falsa en los certificados de revisión técnica, falsedad consistente en declarar que los vehículos estaban aptos para circular en las calles del país, no estándolos en realidad”, afirmó el fiscal.

Una vez que los mecánicos emitían el certificado, le avisaban a L.Ch.B. y él les depositaba el dinero.

El fiscal Juan Zepeda detalló que las diligencias investigativas realizadas, en especial las escuchas telefónicas, seguimiento y alzamientos de secretos bancarios, permitieron determinar que durante el año 2019, L.Ch.B. Chávez Barreda realizó 66 depósitos en la cuenta de F.B.C. por un millón 471 mil pesos en total. En tanto a Luis Ramos le transfirió $110.000 en el mismo periodo.

Además, la fiscalía investiga otros diez hechos similares ocurridos durante este año.

El persecutor agregó que el imputado F.B.C. fue despedido en noviembre del año pasado, luego de ser sorprendido por el jefe de la planta tratando de aprobar la revisión técnica de un vehículo, del que no correspondían el número de motor del móvil con la documentación que portaba, también a cambio de dinero.

A juicio de la Fiscalía, todos estos hechos configuran para el caso de los dos imputados trabajadores de la planta, los delitos reiterados de cohecho y el contemplado en la Ley de Tránsito relativo a otorgar un certificado de revisión  técnica sin haber practicado realmente la revisión o que contenga información falsa respecto de hechos relevantes. Al particular se le imputó el delito reiterado de soborno. Además, a todos les afectaría la agravante de formar parte de una agrupación destinada a cometer delitos.

Dada la gravedad de los hechos, sobre todo considerando que incluso han puesto en riesgo la seguridad pública al permitir que circule un vehículo que no tiene las condiciones técnicas para hacerlo; el magistrado Mauricio Chía acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de los imputados. El plazo de investigación se fijó en 180 días.